21.10.2016
España
Germán Gorráiz López
El término Metanoia (del griego μετανοῖεν, metanoien), sería “un enunciado retórico utilizado para retractarse de alguna afirmación realizada y corregirla para enfocarla de la manera adecuada a un nuevo contexto”, lo que traducido a la actual coyuntura socio-económica, se traduciría como “transformar la mente para adoptar una nueva forma de pensar, con ideas nuevas, nuevos conocimientos y una actitud enteramente nueva ante la irrupción del nuevo escenario socio-económico”, lo que implicaría la doble connotación de movimiento físico (desandar el camino andado) y psicológico (cambio de mentalidad tras desechar los viejos estereotipos económicos vigentes en la última década).

Aunque previamente ya había diversos indicios que mostraban síntomas de desaceleración, la cruda realidad empezó a plasmarse a partir de enero de 2008 con el inicio del hundimiento bursátil aunado con un escenario inflacionista debido a los galopantes incrementos de los precios de los carburantes y de los productos alimenticios y que finalmente terminaría por desencadenar lo que ha venido a denominarse la crisis económica de 2008.

Así, hasta 2008, la economía española se basó en la conocida “dieta mediterránea”, (cuyos ingredientes principales eran el “boom” urbanístico, la exportación, el turismo y el consumo interno), fórmula que creaba excelentes platos minimalistas, de apariencia altamente sugestiva y precio desorbitado pero vacíos de contenido culinario y con fecha de caducidad impresa (2008), debido al estallido de la burbuja inmobiliaria y el hundimiento del castillo de naipes de la economía española.

La entrada en recesión de la economía española implementó el estigma de la incertidumbre y la incredulidad en una sociedad inmersa en la cultura del Estado de Bienestar del mundo occidental y derivó posteriormente en un shock traumático al constatarse el vertiginoso tránsito desde niveles de bienestar hasta la cruda realidad de la pérdida del trabajo, posterior desahucio e inmersión en umbrales de pobreza y dependencia en exclusiva de los subsidios sociales. Así, el número de hogares con todos sus miembros en paro se ha elevado hasta niveles insoportables y cada vez son más los parados de larga duración que pierden todo tipo de subsidio, pues aunque el Gobierno del PP ha prorrogado la ayuda del Plan Prepara debido a la presión social, incluirá modificaciones sustanciales que limitarán el acceso de los parados a dichas ayudas en función de su colchón familiar. Así, la renta de todo el núcleo familiar (padres inclusive), servirá para determinar si se tiene derecho a recibir una ayuda que sube a 450 € para los parados de larga duración que tengan al menos tres familiares a su cargo, estableciéndose el listón en los 481 euros mensuales por cada miembro de la unidad familiar, quedando descartado todo solicitante que sobrepase dicha cifra.

Por otra parte, según el Consejo Económico y Social, 422.600 hogares vivían gracias a la pensión de los abuelos con ingresos medios de 840 € y que a pesar de su exigüidad, constituía hasta hoy el último salvavidas de los restos del naufragio económico español, pero teniendo en cuenta que se ha establecido por Ley un mínimo incremento de las pensiones de un 0,25 %, el colchón familiar verá reducido su grosor y se elevará el riesgo de pobreza y fractura social. Así, en el último informe de Intermon Oxfam sobre “Crisis, desigualdad y pobreza”, se advierte que de continuar los recortes sociales, la pobreza en España podría llegar a afectar al 40 % de la población en el horizonte de la próxima década (en la actualidad, según dicha ONG, la tasa de pobreza se situaría en el 27% de la población y afectaría ya a 13 millones de personas al tiempo que habría ya tres millones de personas en situación de “pobreza severa” (viven con menos de 307 euros al mes) según Cáritas, mientras el número de millonarios en España aumentó un 13% en el último año, según datos de Eurostat. Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha advertido a los países europeos que” los recortes económicos amenazan con crear una emergencia sanitaria que, si no se ataja, tendrá graves consecuencias económicas, sociales y de salud en las próximas generaciones, por lo que España que tiene el índice de desempleo juvenil más alto de Europa debería adoptar medidas urgentes para evitar lacras futuras”. Sin embargo, los Presupuestos para Salud del Gobierno central y las Autonomías han experimentado una caída del 10% desde el 2010, lo que se ha traducido en un recorte de 6.7700 millones € en inversiones (150 € menos por habitante) y que tendría su plasmación en la política de privatización de hospitales y servicios públicos, en la supresión de numerosos consultorios y servicios de guardia médica en zonas rurales que deberán desplazarse hasta los núcleos urbanos más cercanos para recibir asistencia sanitaria y en la aparición de enfermedades emergentes como la malaria o el paludismo que afectan especialmente a la población inmigrante y que en la mayoría de las Comunidades autónomas, carecen del derecho a la sanidad universal y gratuita.

Respecto a la Banca, la bajada de tipos de interés hasta el 0% y la continuación de la política de barra libre (LTRO) por el BCE ha aliviado los problemas de liquidez de las entidades financieras e incrementado el beneficio de las mismas debido a la política del “carry trade” o diferencial entre lo que deben pagar para lograr liquidez del BCE (el 0,75%) y los intereses que marcan en la adquisición de deuda de Estado (cercanos al 5%). Además, los beneficios de la Gran Banca no tendrán traslación a la economía real en forma de financiación del tejido productivo (pymes, particulares y autónomos), pues se destinarán a provisión de fondos, a la refinanciación de las grandes empresas y a los pagos de intereses de deudas contraídas y la doctrina de “racionalización de servicios y optimización de resultados” provocará el cierre de incontables sucursales bancarias en zonas rurales, retornando a escenarios de los años 70, con la reimplantación en zonas rurales del servicio de las Cajas Postales y el auge en zonas urbanas de los Montes de Piedad o Montepío , de los microcréditos y de la aparición de usureros que impondrán intereses inasumibles.

En cuanto a la Deuda, según el FMI, cerca del 40% de la deuda en España estaría en manos de empresas que serían incapaces de hacer frente a sus deudas a medio plazo a menos que hagan ajustes como una reducción de la deuda, de los costes operativos o de los gastos de capital, (“debt overhag” en inglés),de lo que serían paradigma empresas emblemáticas como Electrodomésticos Fagor (declarado en concurso de acreedores al estar lastrado por una deuda escalofriante de 1.000 millones €), Panrico, El Corte Inglés o Prisa, con lo que podríamos asistir a una notable desertización del tejido productivo y a un aumento escalofriante del paro. Así, a instancias de la CEOE, el nuevo Gobierno accederá a una nueva Reforma del mercado laboral que implicará la progresiva implantación de los ‘minijobs’ como nuevo modelo de contratación, a la instauración de la jornada laboral mínima de 45 horas semanales , el retraso de la jubilación a los 70 años y un drástico recorte de los salarios nominales (brutos) del 10% y una rebaja de las cotizaciones sociales en 1,75 puntos para crear 1,2 millones de empleos en los tres próximos años siguiendo las recetas neoliberales del FMI. Asimismo, asistiremos a un auge espectacular de la economía sumergida que según un informe elaborado por el instituto Tax Research, representaría ya el 23 % del PIB nacional, (lo que implica que las arcas del Estado habrían dejado de ingresar por este motivo en la pasada década hasta 32.000 millones de euros, el 5,6% del PIB oficial), pero los intentos oficiales por tratar de regularizar la economía sumergida conllevarán una drástica reducción en los intercambios generadores de valor que existen actualmente en la economía, con la consiguiente constricción de las actividades económicas marginales y riesgo de solvencia del mismo Estado.

En cuanto a la carestía de la vida, según el INE, el IPC de Septiembre subió el 0,1%, con lo que la tasa interanual entró en positivo (0,3%).por primera vez desde el 2015 tras nueve meses coqueteando con escenarios de deflación. Por deflación se entiende “la caída mantenida y generalizada de los precios de bienes y servicios durante un mínimo de dos semestres”, según el FMI y conjugada con una tasa de desempleo tan bestial como la española (estimaciones del 26,9 % para finales del 2013), podría dar lugar a la aparición de un cóctel explosivo en la economía española de final incierto,(el DDD), ya que dichos factores económicos se retroalimentan. Así, las empresas se ven obligadas a estrechar sus márgenes de beneficios para seguir siendo competitivas lo que les impide mantener sus beneficios empresariales así como realizar las necesarias inversiones en Bienes Equipo y que tiene como efecto secundario una congelación o reducción del sueldo de los trabajadores que hace reiniciarse la espiral deflactiva, alimentada por la subsiguiente reducción del consumo. Estamos pues asistiendo al finiquito del consumismo compulsivo imperante en la pasada década y a la aparición del “consumo responsable”, que implica la compra de artículos de estricta necesidad (en la mayoría de los casos de segunda mano aprovechando los mercadillos y rebajas de todo tipo que surgirán para dar salida a los stock acumulados en tiendas y almacenes).

Añadir que la metanoia colectiva de la sociedad española implicará asimismo las vías de escape tradicionales de las épocas de crisis, es decir, el regreso al endemismo recurrente de la emigración. Así, según un estudio elaborado por FENAC (Federación Nacional de Asociaciones de Consultoría), desde 2.008 se habrían marchado de España más de 300.000 jóvenes (la mayoría jóvenes universitarios en busca de un primer empleo). Asistimos pues al fiasco inversor de un Estado que tras haber gastado en la formación de cada titulado unos 9.000 € anuales (el alumnado sólo paga el 20% del coste real de la matrícula ), asiste impotente a la sangría imparable de la fuga de cerebros a a países tecnológicamente avanzados de nuestra área geográfica ( fundamentalmente Inglaterra, Suiza y Alemania) o a países emergentes de América Latina ( especialmente Argentina, Ecuador, Perú , México y Brasil) con lo que asistiríamos ya al finiquito del mito económico de España como receptor de inmigrantes, retornando al endemismo recurrente de la emigración forzosa.

Finalmente, asistiremos al inicio del éxodo al medio rural de una población urbana afectada por la asfixia económica, embargo de viviendas e ingreso en las listas del paro, con la consiguiente revitalización de extensas zonas rurales, rejuvenecimiento de su población y regreso a escenarios ya olvidados de economía autárquica. Así, el término “rurbanismo” describe el movimiento migratorio que se está produciendo en España de las grandes ciudades a los pueblos más pequeños (migración centrífuga frente a la migración centrípeta hacia las ciudades de la Década de los 60 y 70) y aunque todavía nos encontremos lejos de la media de la UE (cuya tasa media de incorporaciones sobre la población agrícola es del 6,4% frente al 4% española), la tendencia parece irreversible y supondrá la implementación de la Teoría del decrecimiento, consistente en gestionar de forma sostenible la riqueza natural. Agricultura, ganadería, pesca, minería y explotación forestal son sectores que llevan décadas en decadencia, ahogados por la competencia desleal que impone la economía global y que sin embargo tienen un enorme potencial para crear eco-empleo, pero para ello sería necesaria la implantación por la UE de medidas proteccionistas (Fomento del Consumo de Productos nacionales), en forma de ayudas para evitar la deslocalización de empresas y subvenciones a la industria agroalimentaria para la Instauración de la etiqueta BIO a todos sus productos manufacturados. Así, se podrían crear en España cerca de 250.000 puestos de trabajo apoyando la producción ecológica de alimentos, incentivando el consumo local de productos agrícolas y ganaderos autóctonos, creando reservas costeras sostenibles para la flota de bajura o promoviendo la conversión de la actual industria forestal hacia explotaciones que cultiven especies de mayor valor añadido o que produzcan de forma sostenible la biomasa que necesita el país para reducir su dependencia de los combustibles fósiles y dejar de ser una “isla energética”.